Búsqueda. La Justicia trata de determinar cuál habría sido el papel que desempeñaron dentro de la supuesta asociación ilícita que perjudicó el erario de la municipalidad.
Seis de los 24 imputados que tiene la causa por la supuesta millonaria defraudación contra la Municipalidad de la Capital son mujeres. Están bajo investigación de la Justicia María Marta Feijóo, Nancy Estela Moisés, María Cecilia Vittar, María Victoria González Carol, Mariana Fernández y recientemente María Marta Medina.
El juez Juan Coria Vignolo buscará determinar el grado de responsabilidad que cada una de ellas pudiera haber tenido en la presunta organización que habría actuado durante la gestión del ex intendente capitalino, Julio Alegre.
González Carol fue una de las primeras que resultó imputada por el supuesto delito de asociación ilícita como miembro. La empleada municipal durante la gestión de Alegre se habría desempeñado como la habilitada del Fondo Permanente en Obras Públicas, un área que por donde, según las sospechas de la Justicia, se habrían ejecutado pagos millonarios a empresas contratistas y proveedoras de la comuna, sin la correspondiente licitación o concursos de precios. Al momento de su declaración indagatoria, González Carol habría admitido que firmaba cheques pero que nunca su trabajo había sido objetado por el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, a María Marta Feijóo, la joven de 26 años, la Justicia santiagueña la tuvo en la mira debido a que durante su primera declaración quedó detenida por falso testimonio, luego fue liberada, y posteriormente volvió a ser detenida (previo a permanecer como prófuga durante casi una semana) en virtud de las pruebas recolectadas en la causa que le agravaron su situación y le valieron la imputación supuesta jefa u organizadora de una asociación ilícita.
Feijóo era secretaria en el estudio jurídico y asistente de Gustavo Alegre, hermano del ex intendente, en la Defensoría del Pueblo municipal. La Justicia la investiga porque sería presidenta de la sociedad anónima uruguaya Eutalary y miembro de Coraltion, que se sospecha habrían sido utilizadas por Julio Alegre para adquirir bienes e inmuebles en Punta del Este, según indicaron fuentes judiciales.
Relación sentimental
En el expediente judicial también habría quedado asentado una relación sentimental entre Gustavo Alegre y Marta Feijóo y de acuerdo con los testimonios habría realizado viajes juntos a Punta del Este y a otras ciudades turísticas de Brasil, en los últimos años. En su defensa, Feijóo habría responsabilizado al ex intendente por haberle hecho firmar unos papeles y habría intentado desligar a Gustavo Alegre de las acusaciones diciendo que lo “defendía por amor”.
Otra mujer que figura entre las imputadas es Nancy Estela Moisés, la pareja de Enzo Herrera, ex proveedor municipal a través de varias empresas y actualmente detenido ante la presunción del juez de haber sido también el jefe u organizador de una asociación ilícita.
Moisés está bajo la mirada de la Justicia ya que fue denunciada por socios de la empresa de transporte de colectivos el Chumillero SRL de haberle transferido acciones “ante presiones” de Herrera y del ex intendente Alegre, según informaron fuentes judiciales.
La pareja de Enzo Herrera permaneció detenida en su domicilio y actualmente está en libertad bajo fianza. Actualmente, transcurrirían sus días como administradora de una estación de servicios ubicada sobre calle Irigoyen, la que habría sido alquilada por Herrera antes de que se destapara la investigación judicial.
En tanto, la escribana María Cecilia Vittar también resultó imputada como supuesta miembro de una asociación ilícita. Su abogado defensor había señalado en su oportunidad que su vinculación con la causa habría sido por la relación sentimental que la unió al ex intendente Alegre y que su papel solamente se remitió a certificar la validez de papeles que le llevaron a su escribanía, es decir, cumpliendo con su papel profesional.
Secretaria de Alegre
Además en la causa aparece mencionada e imputada como integrante de una supuesta asociación ilícita, Mariana Fernández, quien se había desempeñado como secretaria de Julio Alegre durante un año y ocho meses. Cuando fue indagada, sostuvo que “no tenía acceso absolutamente a nada” y que cumplía su función administrativa.
La última imputada en la causa es María Marta Medina por el supuesto delito de defraudación y actualmente se encuentra prófuga de la justicia santiagueña. Medina, residente en una elegante casona del barrio Almirante Brown, aparecería como propietaria de la empresa Besi, la que habría actuado como proveedora exclusiva de la comuna capitalina durante la gestión de Alegre, con la que facturó una suma superior a los $4.200.000.
Hasta ayer la policía la buscaba para hacer cumplir con la disposición judicial de arrestarla y tomarle declaración indagatoria.
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